Durante su gestión como presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar ha dejado intocada la estrategia de militarización de la seguridad pública del gobierno de la 4T, pese a los amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, la oposición y la propia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El máximo tribunal simplemente ha postergado su discusión, avalando en los hechos la controvertida política de seguridad del presidente López Obrador.