PUEBLA, Pue., (apro).- La audiencia que tendría que celebrarse este martes en la que el “exgóber precioso”, Mario Marín Torres, tendría un careo con la periodista Lydia Cacho, como parte del juicio en su contra por el delito de tortura, tuvo que ser diferida porque al juzgado “se le cayó el sistema”, aparentemente por falta de pago en los servicios de la plataforma. 

La autora de los “Demonios del Edén”, en un vídeo grabado desde España, lamentó que esta audiencia del juicio, para la cual llevaba meses preparándose, se haya suspendido cuando ya estaba emocionalmente y psicológicamente preparada para enfrentar y acusar, por primera vez en un careo, al ex mandatario poblano por haber mandado detenerla y torturarla en 2005. 

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Josefina Ramos, de 70 años de edad, dio por concluida la protesta que sostuvo durante cuatro días frente al Palacio de Gobierno de Yucatán para exigir el acceso universal al agua y frenar las facturaciones desmedidas por el servicio. Acompañada por el respaldo de más de tres mil personas que marcharon este domingo contra la privatización del recurso hídrico y la presencia de capital sionista de Israel en la región, la adulta mayor decidió emprender el retorno a su hogar.

Sin embargo, la pausa no implica rendición, pues advirtió que en diez días podría reanudar las movilizaciones. Explicó que, además del severo agotamiento físico y la urgencia de asearse tras días a la intemperie, aceptó retirarse con la promesa de que este lunes será recibida en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde le reconstruirán su expediente médico para atender las dolencias que comprometen su salud y movilidad.

GUADALAJARA, Jal. (apro).— Tres puertas de Palacio de Gobierno, el acceso al Congreso de Jalisco y diversos espacios de edificios públicos quedaron dañados por los incendios y actos vandálicos registrados durante la segunda Marcha por el Agua Limpia. El gobierno estatal calculó en 15 millones de pesos las afectaciones preliminares en la sede del Ejecutivo, donde también reportó daños en vitrales, cantera, ventanas y equipos de videovigilancia. 

Un día después de los hechos, los responsables de la seguridad pública en Jalisco defendieron el operativo desplegado durante la protesta y atribuyeron la falta de detenciones inmediatas a la decisión de evitar enfrentamientos que pusieran en peligro a los asistentes. 

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El director municipal Reglamentos de Taxco de Alarcón fue detenido por el secuestro del médico Juan Vega Arrendondo, papá del alcalde morenista de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. 

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) lo señala como integrante de la organización criminal La Familia Michoacana. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó a Iván S., alias “Comandante Cromo”, identificado como líder de “Los Cromos”, organización que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecer sujeto a prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en audiencia inicial imputó a Iván “S” por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Policía Estatal en Chihuahua detuvieron al extitular de la Fiscalía General de Justicia del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, contra quien existe una orden de captura por ejercicio ilícito del servicio público y coalición.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura ocurrió este sábado a las 10:20 horas en la colonia Campestre Washington de Chihuahua, Chihuahua, y se encuentra “en traslado”, aunque el documento no especifica a dónde será trasladado.

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Cuatro hombres detenidos durante la protesta por el derecho al agua limpia, realizada el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Aunque el juez determinó que deberán enfrentar el procedimiento penal en libertad, sus defensas denunciaron irregularidades en la integración de las acusaciones, presuntos actos de tortura y discrepancias entre los certificados médicos elaborados después de las detenciones. 

El juez sexto de control, Francisco Castellanos, impuso a los cuatro imputados la obligación de presentarse a firmar mensualmente durante seis meses y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La resolución no implica una declaración de culpabilidad, sino que permite que el proceso penal continúe mientras la Fiscalía reúne los elementos correspondientes.