CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque anecdótico, el llamado del precandidato del PRI y aliados a que sus adversarios se sometan a exámenes de salud y toxicológicos cumple un propósito: abre paso a la conjetura sobre lo que puede o no saber José Antonio Meade, propicia la sospecha sobre Ricardo Anaya, remite al infarto de Andrés Manuel López Obrador. Puros rumores y declaraciones.

Las campañas, son plenas de banalidades –como dijo el de Morena sobre el emplazamiento. Y sí, las campañas son megáfono de ocurrencias que por instantes saturan el debate, ocupan a los periodistas en frivolidades sólo para ser reemplazadas por deslices discursivos o denuncias intrascendentes, en medio del espectáculo carnavalesco que son, literal y simbólicamente, los procesos electorales.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Detrás del debate en torno a la impuesta Ley de Seguridad Nacional quedó pendiente por definir qué es lo que realmente se quiere de los militares en México.

Lo que se pasó en el Congreso no fue más que una doble legitimación: la de la actuación de facto de los militares en tareas de seguridad pública y la omisión de las autoridades civiles en garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes. Esa histórica negligencia fue el principal incentivo para la delincuencia organizada.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aprobación de madrugada en el Senado de la República de la Ley de Seguridad Nacional, el 15 de diciembre, y la ratificación de los cambios cosméticos realizados a nueve artículos en la Cámara de Diputados, no frenó el descontento nacional e internacional que se ha generado por este nuevo ordenamiento que implica un aplastamiento a las demandas de respeto a los derechos humanos en México.

A pesar de la temporada decembrina, jóvenes activistas protagonizaron el pasado fin de semana una movilización inesperada a las puertas de Los Pinos para reclamarle a Enrique Peña Nieto que cumpliera con sus facultades presidenciales y vetara la ley. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la coalición de organizaciones #SeguridadSinGuerra.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es probable que millones de mexicanos desconozcan que en apenas 48 horas, comprendidas entre los días 14 y 15 de diciembre pasados, culminó un proceso de perfeccionamiento autoritario que, por primera vez en la historia reciente del país, trascendió la simulación democrática.

Autoritarismo, resumiendo al politólogo italiano Mario Stoppino, es la situación en que las decisiones se toman desde lo alto, sin la participación o el consentimiento de los subordinados, manifiesta en el alegato que reclama el derecho a mandar pretendiendo una obediencia incondicional y, para conseguirlo, se emplean medios coercitivos, y se reduce la oposición.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al decir adiós, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no lo hace sólo por la gran cantidad de miembros y simpatizantes que le han abandonado y le abandonan cada día, sino porque ya no es el partido que fue y, por tal motivo, pronto, con seguridad desaparecerá por completo.
El fenómeno no es nuevo. Hemos visto partidos que se van haciendo pasita conforme aumenta su extravío hasta que desaparecen del mapa político. El PRD lleva varios años en ese proceso. El esfuerzo de muchos de sus integrantes por frenar su deterioro ha resultado infructuoso. Cuanto más arreciaba la crítica interna a la política de su dirección, el PRD empeoraba.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del décimo primer aniversario del inicio de la estrategia de guerra interna de Felipe Calderón, que desde ese 11 de diciembre de 2006 pobló de cadáveres el país, y justo en el año más violento de las más recientes dos décadas, Enrique Peña Nieto ha logrado armar una coalición legislativa, política y mediática para que en México no haya más ley que la del Ejército y la Marina, con toda su lógica de muerte.
Está claro que no valen razones: No se escucharon las objeciones de los expertos en la Cámara de Diputados, que aprobó la Ley de Seguridad Interior sin más, ni se atendieron los argumentos en el Senado, que anoche la ratificó en comisiones y que está en curso hacerlo en el pleno.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nadie podrá negar que el período de gobierno de Enrique Peña Nieto es prolongación y acumulación de la violencia, inseguridad e injusticia que el pasado lunes cumplió 11 años desde la declaratoria de “guerra” al narco, que quiso Felipe Calderón -tan necesitado entonces de autoafirmarse- decretar como primer manotazo autoritario y que hoy tiende a profundizarse si, como se espera, en el Senado aprueben en estos días la Ley de Seguridad Interior.

El otro rasgo sexenal es la corrupción -así, de manera genérica porque todo lo abarca- y que por momentos parece enviar a segundo plano los casos de escándalo de Peña Nieto y su entorno, al descargar embestidas contra gobernadores -y motivos han dado para eso- que, en los hechos, resultarán previsiblemente más mediáticas y coyunturales que efectivos actos de justicia.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si los militares fueran el inicio de la solución como argumentan los promotores de la Ley de Seguridad Interior, hace rato que la delincuencia organizada ya habría sido contenida.

Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló en 1996 su participación en labores de seguridad pública, soldados y marinos se han convertido en parte del problema.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una auténtica oleada de reacciones negativas nacionales e internacionales se generó desde el 30 de noviembre en contra de los 34 artículos de la Ley de Seguridad Interior que, según todos los especialistas en derecho, viola al menos ocho artículos constitucionales, atenta contra la soberanía de los estados, va en contra de los derechos humanos más elementales y pone en riesgo a las propias fuerzas armadas.

La aprobación fast track de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados no pudo hacerse la semana pasada en el Senado. El pasado viernes 8, presionado por el propio colectivo de defensores de derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” y para “poder escuchar todas las voces”.