CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Abrimos 2022 bajo un signo inquietante: el crecimiento de la violencia y la ausencia de nombres, historias y sufrimientos de quienes las padecen. Enterradas bajo el anonimato de las cifras, de la nota roja, del relato y el ejercicio de la crueldad, las víctimas, a lo largo de este sexenio, han vuelto a desaparecer de la conciencia pública como en las épocas de Calderón y Peña Nieto. Si aparecen son sólo como un síntoma del poder que se ejerce sobre ellas y no como los sujetos del horror. Son, por desgracia, los derrotados, los desechados, los desaparecidos, que sólo importan en la medida en que permiten mostrar y relatar el poder de la violencia. Ya sea ilegal –la que ejerce el crimen organizado– o legal –la que se ejerce desde los gobiernos y las redes sociales, como la que promueven las series de narcos, los narcocorridos y los videojuegos–, la violencia y no las víctimas es el actor principal de la narrativa en México. Es, como lo señala Enrique Díaz Álvarez en su agudo ensayo La palabra que aparece, el testimonio como acto de superviviencia (Anagrama, 2021), el relato que exalta la fuerza de los vencedores sobre los débiles, sobre los enemigos, sobre los que no supieron eludir la fuerza de su oponente o “se lo merecían” o estaban “en el lugar equivocado”.

Con todo el temor y la reprobación que provoca, la violencia, dice Elías Canetti, genera prestigio en quien la ejerce (aunque a veces no osemos confesarlo); genera también espectáculo y rating. Los héroes y los villanos –lo muestran no sólo los relatos de las grandes violencias, sino las contiendas deportivas y las películas de Hollywood– están hechos de aquellos a quienes han vencido. Ambos necesitan enemigos y necesitan vencerlos. Eso causa temor, pero también expectación en el imaginario público. Vencer no es sólo la pasión del poder; es también una de las pasiones más fuertes de los seres humanos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre otros elementos fundantes del marco jurídico, en la Constitución política de México se encuentra la definición esencial de la Nación, los criterios sobre la nacionalidad y, además, algunas prohibiciones explícitas que en caso de realizarse configurarían una abierta traición a sus principios. Incumplir con la norma constitucional es asunto grave.

Nuestra Carta Magna en esencia es producto de los diputados constituyentes de 1916-1917 y fue elaborada dentro de un ambiente político de radical nacionalismo, reflejado a lo largo de su texto y en particular, de manera enfática, en las definiciones sobre la nacionalidad, es decir, en los principios que determinan quiénes somos las y los mexicanos, integrantes de la Nación. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –A pesar del enorme e inmejorable potencial informativo, cultural y político que representa tener un sistema de medios públicos de la capital del país, el nuevo Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México queda a deber en su diseño institucional, en el nombramiento de su titular, de la Defensoría de Audiencias, en su presupuesto y en su visión.

El gobierno de la CDMX publicó el 21 de diciembre en la Gaceta Oficial el decreto que crea el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Cultura capitalina, actualmente a cargo de Vannesa Bohórquez López.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 1 de diciembre de 1988 Carlos Salinas de Gortari, en su toma de posesión, bajo la sombra del fraude electoral, declaró: “El Estado moderno es aquel que mantiene transparencia y moderniza sus relaciones con los partidos políticos, con los grupos empresariales y con la Iglesia”.

La suerte estaba echada. La historia de México daría giros sorprendentes que importa recordar. La llamada modernización de Salinas contemplaba a la Iglesia Católica como interlocutora y aliada. El primer signo de que las tradiciones políticas cambiaban fue la invitación, en ese momento polémica, de altos prelados a la asunción presidencial salinista. En el acto estuvieron como invitados especiales el cardenal Ernesto Corripio Ahumana, arzobispo primado; Girolamo Prigione, delegado apostólico del Papa en México, y Adolfo Suárez Rivera, en su calidad de presidente de la CEM.

Alberto Pérez Dayán*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El INE tomó el acuerdo de suspender la consulta de revocación del mandato del presidente de la república. La decisión se adoptó por mayoría de votos de los consejeros. La razón: la falta de fondos para llevarla a cabo.

Por causa de ese acuerdo, a los señores consejeros electorales se les vino el Cielo encima. Los “morenos” les dijeron de todo, hasta de lo que se van a morir. No me gustaría estar en su lugar.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado sus críticas a Proceso en virtud de dos piezas que difundió en sus páginas. Ya lo había hecho antes por semejantes razones. Las afirmaciones del presidente paradójicamente honran a este semanario y le brindan una suerte de certificado de garantía: con sus proclamas, el presidente da público testimonio de que desde Proceso se hace periodismo al amparo de la Constitución y las leyes y que se observan los principales estándares democráticos internacionales. Y no es para menos. Un medio de comunicación, por el contrario, que fuere objeto de palabras presidenciales de encomio haría al menos dudar de sus contenidos.

Lo que afirma AMLO sobre Proceso y otros medios es desafortunado, pero, por lo menos hasta ahora, no es constitutivo de delito o de ilícito alguno. Siempre, pero ahora en un clima de crispación todavía más, el periodismo juega un papel significativo en la medida en que, con el ejercicio profesional de las libertades de expresión e información, debe satisfacer un bien superior, el derecho a la información de la sociedad. Que no exista una ley (y qué bueno que no la haya, dicho sea de paso) para los medios escritos y digitales, no significa que no deban observarse procesos estandarizados de cómo se fabrican las noticias y de qué manera se jerarquizan. Y esas reglas aplican también para las secciones de análisis en las que, si bien es verdad hay mayores márgenes de libertad, también lo es que no existe ni aquí ni en ningún lugar del mundo una libertad absoluta. No hay que ir muy lejos para saber dónde se encuentran a detalle esas reglas del periodismo que deben ser atendibles. Baste con leer, a vía de ejemplo, el Código Europeo de Deontología del Periodismo (https://acortar.link/NDpEwv) y una lectura más a fondo se puede encontrar en mi obra Deontología informativa: códigos deontológicos de la prensa en el mundo (México, Miguel Ángel Porrúa, 2002).

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ya pasaron las primeras felicitaciones y sonrisas por el éxito de “la cumbre de los tres amigos”. Sí, hay motivos para el beneplácito: es positivo que se reanuden los encuentros entre los miembros del T-MEC, tener una agenda que identifique coincidencias y diferencias existentes entre ellos y elaborar una hoja de ruta que, con mayor o menor precisión, establezca temas a discutir antes del próximo encuentro.

Ahora bien, más allá de esos logros, lo obtenido en el avance hacia el manejo de los problemas prioritarios para México es poco, y la distancias entre las palabras y los hechos, grande. Dentro de esas prioridades se encuentra, sin lugar a duda, el fenómeno de la migración.

WASHINGTON (apro) – El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, ofrece un total de 80 millones de dólares en recompensa por información que conlleve a la ubicación y eventual arresto de 8 capos del narcotráfico de México.

Integrantes de los más notorios y significativos cárteles del trasiego de drogas mexicano y con un poder transnacional, los 8 cabecillas del crimen organizado por quienes Estados Unidos ofrece la recompensa son una especie de némesis para el Departamento de Justicia y de Estado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los derechos humanos no son un invento reciente. En nuestro país las luchas sociales en las que se enarbolaron inicialmente se remontan al movimiento estudiantil del 68 y a las dignas movilizaciones de las madres por los desaparecidos de la Guerra Sucia. Desde aquellas décadas, múltiples actores sociales han encontrado en los derechos humanos un lenguaje útil para nombrar sus exigencias de justicia. La fuerza de los derechos radica en que expresan el ideal, nunca del todo alcanzado y por eso mismo invocado con recurrente esperanza, de que todos y todas seamos “iguales en dignidad”, como lo promete el artículo 1 de la Declaración Universal que cumplió, este 10 de diciembre, 73 años.

El aniversario de la Declaración, que este año coincide con la llegada al punto medio del sexenio, es una efeméride pertinente para hacer un balance sobre la situación del país en este renglón.