Ricardo Martner*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios, pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hoy la Internet conecta personas para comunicarnos, muy pronto conectará cada vez más cosas para automatizar las actividades productivas y en el futuro conectará nuestros sentidos para que el cerebro humano se convierta en su propia interfaz.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En México hay esclavos. Aunque se abolió la esclavitud en México hace mucho, y la Constitución -letra muerta, por cierto- la prohíbe, ella existe en pleno siglo XXI. La viven, entre otros, los jornaleros y jornaleras agrícolas de nuestro atribulado país. Son campesinos, millones, en pobreza extrema la mayoría, muchos de ellos sin parcela de subsistencia que cultivar para mal comer. Son indígenas y mestizos, hombres, mujeres, embarazadas, niños, niñas. Una ominosa trata de personas esa, la sufrida por ellos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si es verdad o no que a nuestro actual gobierno no le importa mucho el Estado de Derecho, es tema politizado. En cambio lo que sí es evidente es su permanente invitación para que se le demande en tribunales; los cuales, en esencia, son la institución más importante en un Estado constitucional y democrático de Derecho.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un mendaz atisbo apocalíptico se cierne sobre México desde cuando el triunfo de Morena se empezó a analizar como inevitable. Según esa predicción, lo que iba a ocurrir era la dictadura y el colapso nacional. Luego de dos años, se sigue diciendo lo mismo.

A los actuales opositores no le preocupa gran cosa que la realidad apunte hacia un lado diferente de donde se encuentran sus descripciones. Entre peores sean sus acusaciones y avisos, mayor podría ser la falsificación y el miedo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asalto a la división de poderes equivale a enterrar la Constitución. La decisión de la Suprema Corte acerca de la consulta popular y la propuesta de empatar la elección del próximo año con tal consulta sobre expresidentes, constituyen una burla al Estado de Derecho y al pueblo todo. El régimen se mofa de la Constitución y de la ciudadanía opositora. La historia nacional e internacional ya se mofan del régimen. En virtud de la trascendencia de la resolución de la Suprema Corte sobre la consulta popular acerca de si se procede en contra de ex presidentes, considero oportuno y necesario exponer mi opinión jurídica al respecto.

Ciudad de México (apro).- Los denominados “videoescándalos” son desde hace algún tiempo una forma de escarnio público que, por su propia naturaleza, se encuentra excluido del debido proceso. La excepcionalidad genera un impacto en el sistema nervioso central y, por ende, en las pautas de comportamiento social sobre la formación de criterios de opinión sobre un tema concreto.

Sin duda, si hubiera la difusión de tres o más “videoescándalos” diarios dejarían de tener su carácter noticioso, porque serían elementos del paisaje mediático cotidiano y en la opinión pública habría una normalización de estos videos. Desde el punto de vista doctrinal se ha generado el concepto de “juicio paralelo”; es decir, el que tiene lugar en los medios que deja en estado de indefensión a los presuntos responsables de un delito o ilícito que son juzgados bajo las reglas de los dueños de los medios y de los periodistas que forman un clima de opinión que puede magnificarse o minimizarse dependiendo de cada caso.

WASHINGTON (apro).– Con la cercanía de las elecciones del martes 3 de noviembre, la campaña del presidente Donald Trump y la del demócrata Joe Biden están empecinadas en atraer el voto de la comunidad hispana, pero se equivocan en ponderar la manera de lograrlo.

El voto hispano puede ser la clave para definir la elección presidencial en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y posiblemente hasta Texas, no obstante, ni Biden ni Trump entienden a esa comunidad de la cual requieren su respaldo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Qué acontece si en los Poderes Judiciales se ignoran los precedentes aplicables para resolver los asuntos que se juzgan? ¿Es posible que sus integrantes evadan sus determinaciones previas sin dar explicaciones? ¿Tienen responsabilidades especiales ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia por dicho olvido?

Es claro que una nueva reflexión puede llevar a cualquiera a cambiar de criterio, pero cuando se brinda el servicio público de impartir justicia, es necesario cuidar la coherencia o consistencia argumentativa. No se ve bien ser garantista de ocasión.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fideicomiso es un mecanismo de administración. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Ahora se usa para realizar algunos negocios, especialmente inmobiliarios. Por otra parte, algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos.

En México los fideicomisos públicos se han usado para muchas cosas, entre ellas la de quitar responsabilidades directas mediante la asignación de un fondo para atender ciertas obligaciones oficiales sin tener que dar la cara. También se han utilizado para crear islotes administrativos en favor de determinadas personas allegadas al poder. Bajo el Estado corrupto, los fideicomisos eran parte de lo mismo en alguna medida.