CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se critica a Andrés Manuel López Obrador de participar directamente en debates políticos ventilados en medios y redes. El principal argumento es que el presidente de la República tiene tanto poder que resulta ventajosa su intervención en las confrontaciones políticas. Algunos agregan que cualquier debate en el que tome parte viene a ser un uso de recursos públicos a favor o en contra de uno o varios partidos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Hace dos días compartí mi opinión respecto del enfrentamiento que escaló entre integrantes del Poder Judicial de la Federación y los otros dos poderes federales. Propuse como alternativa de solución que las personas que empleamos el aparato de justicia federal nos movilicemos para presentar demandas de amparo en las que recordemos que son nuestros derechos humanos la razón definitiva y más importante que debe de regir las relaciones entre las autoridades de nuestro país.
Escribo ahora para dar a conocer que, en mi caso, he presentado ya esa demanda de amparo –la cual puede consultarse en este enlace–. Se trata de una propuesta que espera detonar mejores acciones, principalmente juicios de amparo en los que las personas demandantes sean aquellas cuyos derechos estén en juego y no las personas que litigamos en su representación. Pero, además, demandas en las que desde otra perspectiva se cuestione el proceder de titulares y personal judiciales, y no la norma que ligó el límite máximo de sus remuneraciones a la del presidente.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lo que inició como una tímida queja por la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales, aprobada por la mayoría de los legisladores de Morena-PT-PES en el Congreso, se ha convertido en una de las confrontaciones públicas más importantes e intensas entre integrantes del Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia matutina de este 11 de diciembre, López Obrador volvió a tocar el tema de los altos salarios de los ministros de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, señalando que “sólo Donald Trump gana más que ellos”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial, parece escalar al estilo del nuevo mandatario que suele llevar al debate político, todo tema que le incomoda, coloca en aprietos o de plano, deja en evidencia aspectos deficientes de su plan.
No parece que el asunto pueda convertirse en una crisis constitucional, pero sí en un desgaste, en buena medida innecesario para el Poder Judicial, cuyos miembros son poco hábiles en la comunicación política, para la que, por su parte, López Obrador es experto.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, tiene una percepción mensual neta de 170 mil 373 pesos. Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una remuneración menor para el presidente de la República, como está propuesto, aquel sueldo tendría que ser reducido.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A decir del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en México no habrá “punto final” para los militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
#MemoriaPública
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pareja Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso daban por hecho que continuaría su proyecto transexenal en Puebla con miras al 2024 cuando haya nuevas elecciones por la presidencia. Pero una vez que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, las noticias para el matrimonio poblano ensombrecieron sus ambiciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según la Constitución, algunos funcionarios no pueden ser penalmente procesados. Eso se llama “fuero constitucional”. ¿Quiénes son? El presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la sala superior del TEPJF, fiscal general (hoy procurador), consejeros del INE, secretarios de Estado y consejeros de la Judicatura. Se les llama “aforados”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora y virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se despide del Senado con una iniciativa de reforma constitucional para adicionar la fracción XXIX-Bis al artículo 73 a efecto de otorgarle atribuciones para ayudar (así como lo quería hacer con los medios públicos concentrándolos en la Segob y que, por lo absurdo de la medida, nadie de los liderazgos de Morena salió en su defensa) a “fortalecer las facultades de las legislaturas locales en materia notarial” a través de “unificar los procedimientos y métodos a nivel nacional”.