CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ya aclaró su situación por los audios en los que se le escucha buscar una negociación con el gobierno de Estados Unidos para resolver la revocación de su visa en ese país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.  

“Sobre este tema no he conversado con ella, y pues ella tiene que aclararlo, creo que ya lo aclaró, entonces pues es un asunto de ella y creo, entiendo que ya salió aclarar”, dijo. 

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Maximiano Verduzco Soto, médico señalado por la muerte de múltiples pacientes que llevaron un tratamiento con “sueros vitaminados” tiene más de dos meses prófugo gracias a que “se ha estado moviendo”, según informó la Fiscalía de Sonora (FGJE) este martes.

La búsqueda continua, aseveró Rómulo Salas Chávez, a pesar de que ha causado molestias entre familiares y personas cercanas al prófugo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras más de 30 horas retenidos en el interior de una vivienda en Tecámac, Estado de México, tres menores de edad, una mujer y dos adultos mayores lograron salir del inmueble en el que un hombre armado, que era su familiar, los mantenía privados de su libertad.  

El viernes 26 de junio, poco después de las 9 horas, el gobierno de Tecámac informó que se logró el ingreso al inmueble y la entrega de Miguel “N”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Antisecuestros, sin que ninguna de las personas en el interior del domicilio presentara lesiones.   

HERMOSILLO, Son. (apro).- El comandante de Tránsito Municipal de Guaymas, Sonora, fue separado de su cargo por abuso de autoridad. El oficial, sin aparente motivo, apuntó su arma de fuego contra un automovilista. 

“El H. Ayuntamiento de Guaymas informa que, derivado de los hechos ocurridos el día de ayer y que involucran al comandante de Tránsito Municipal, Marco Antonio Márquez, se tomó la determinación de separarlo de su cargo, tal como lo indican los procedimientos de ley”, informó este viernes el gobierno de Guaymas. 

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El Congreso de Jalisco enfrenta un nuevo episodio de confrontación política y jurídica tras el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que legisle y establezca un procedimiento que garantice el derecho de las personas menores de 18 años a modificar su nombre y género en sus actas de nacimiento.

A unas horas de que venciera el plazo para responder al máximo tribunal, las distintas fuerzas políticas expresaron posiciones encontradas: mientras algunos legisladores exigen cumplir con los criterios constitucionales y los tratados internacionales, otros impulsan una prórroga para abrir un espacio de diálogo con la Corte.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas logró la judicialización del primer caso por el delito de cohabitación forzada en la entidad. La detención de Andrés “N”, acusado de vender a su hija de 12 años, abrió un precedente jurídico nacional sobre los límites de los sistemas normativos indígenas cuando vulneran los derechos de la niñez.

Los hechos, que hoy se encuentran bajo la lupa judicial, ocurrieron en el paraje Tres Puentes del municipio de Larráinzar, una región con alta población indígena en los Altos de Chiapas.

XALAPA, Ver. (apro).- Durante un cateo realizado en un rancho del municipio de Moloacán -al sur de Veracruz-, autoridades estatales detuvieron a José del Carmen “N”, señalado como presunto implicado en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, el pasado 2 de junio en Nanchital.  

El operativo se registró la noche del jueves y fue realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública en un rancho localizado a unos 20 kilómetros de Nanchital.  

DURANGO, Dgo., (apro) .- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango afirmó que la reciente intensificación de operativos de seguridad federal en la entidad abre la posibilidad de visibilizar y atender un problema que, aseguró, ha permanecido oculto durante años: el despojo de propiedades, bienes y productos presuntamente cometido por grupos criminales en distintos sectores económicos del estado.

A través de un posicionamiento público, el organismo empresarial señaló que comerciantes, ganaderos, productores forestales, agricultores, transportistas y empresarios de otros sectores habrían enfrentado presiones para transferir bienes, terrenos, propiedades o parte de sus ingresos en condiciones ajenas al mercado y bajo contextos de intimidación.