CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se acabó: los privilegios inconstitucionales e ilegales de los expresidentes de México, emblemáticos del patrimonialismo y el abuso del dinero público de la alta burocracia, han sido jurídicamente eliminados en vísperas de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado.

Pero más que el ahorro económico por estos privilegios, estimado en 5 millones de pesos al mes, esta decisión marca el inicio del desmantelamiento del “Estado corrupto”, advierte el diputado federal Pablo Gómez Álvarez, autor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en vigor desde el martes 6, que ha cimbrado a la alta burocracia.