CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer cuatro amparos en revisión relacionados con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pone en riesgo la seguridad jurídica y el cumplimiento de “una sentencia cuya parte central fue desmontar la ‘verdad histórica’ y reconocer que el proceso de investigación inicial estaba basada en irregularidades”, alertó la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar Rodríguez. 

Dichos procedimientos fueron inicialmente impulsados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, mismos que se mantuvieron inamovibles en la administración de Andrés Manuel López Obrador y retomados en octubre de 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum.