CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de cumplirse cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena la eliminación del arraigo y armonizar la prisión preventiva oficiosa a los estándares internacionales, México no sólo no ha dado cumplimiento a la resolución si no que va en retroceso.

La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) denunció que “el Estado mexicano ha ido en sentido contrario a lo ordenado por la Corte IDH” en la atención a la sentencia por la detención arbitraria, arraigo y prisión preventiva contra los indígenas Jorge Marcial y Gerardo Tzomplaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, el 12 de enero de 2006.